Por Terrario tecnia
Terrario tecnia ha tenido acceso al borrador del nuevo Real Decreto que desarrollará el Listado de Especies Domésticas de Compañía y el Listado Positivo de Animales de Compañía (LPAC), un documento que, lejos de ser un simple desarrollo técnico de la Ley 7/2023, marcaría, de aprobarse en esos términos, un antes y un después para la tenencia en cautividad de reptiles y anfibios en España. Aunque presentado como un instrumento destinado a ordenar la convivencia entre animales y la sociedad, su enfoque, su estructura y, especialmente, su espíritu, parecen avanzar en una dirección muy diferente: la asfixia progresiva de la terrariofilia hasta límites que pueden comprometer su continuidad.
No puede analizarse este decreto sin entender el contexto en el que nace. Desde hace años, determinadas entidades han ejercido una gran presión para implantar un sistema de listados positivos, y muchas de ellas han expresado sin ambigüedades su rechazo total a la tenencia de fauna exótica, incluida la terrariofilia. Curiosamente, varias de estas entidades están lideradas por personas cuya formación no está vinculada a la biología, la veterinaria o la conservación, sino al ámbito comunicativo, artístico o publicitario. Y aun así, sus postulados ideológicos han terminado influyendo en un texto que se presenta bajo el paraguas de la ciencia.
Uno de los puntos más reveladores del actual borrador aparece sin hacer demasiado ruido, en una frase que altera por completo la forma en que se construirá el futuro de la tenencia de animales en España: “El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aprobará de oficio los listados iniciales de cada uno de los grupos animales…”. Con ese simple matiz, el Ministerio se reserva la potestad de elaborar y aprobar los listados sin necesidad de recibir propuestas ni valoraciones previas del sector especializado. No habrá una fase inicial de participación; el proceso nacerá ya cerrado. Esto implica que las tiendas especializadas, los aficionados, los veterinarios de exóticos y las asociaciones herpetológicas no podrán intervenir antes de que el documento más determinante, el listado inicial, esté ya publicado en el BOE y plenamente vigente.
La aprobación “de oficio” supone un golpe especialmente duro para el comercio especializado, que podría encontrarse de un día para otro con que especies que forman el grueso de su actividad quedan fuera del marco legal. Y el problema se agrava porque el decreto no fija fechas concretas para la publicación de esos listados, solo que se aprobarán después de la entrada en vigor del Real Decreto y mediante orden ministerial. El sector afronta así un período de incertidumbre absoluta, sin saber qué especies serán permitidas, cuáles desaparecerán del mercado ni cuándo ocurrirá ese cambio. Un escenario que amenaza la viabilidad de muchos negocios y proyectos profesionales.
El encargado de elaborar el fundamento técnico de los listados será el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, un órgano que podrá contar con grupos de trabajo externos. El texto indica que podrán incorporarse profesionales con experiencia científica o técnica, pero no establece ningún mecanismo que garantice la presencia de especialistas en herpetología, veterinarios especializados en reptiles o asociaciones con conocimiento real. Todo queda a criterio del propio Comité, sin transparencia previa y sin asegurar que quienes llevan décadas trabajando con estas especies participen en la toma de decisiones.
El sistema de listados positivos que plantea el decreto supone, además, un giro radical respecto a la lógica reguladora anterior. En lugar de partir de lo permitido salvo excepción, ahora solo será legal aquello que aparezca expresamente en el listado. El resto, aunque haya sido mantenido en cautividad durante generaciones, aunque su manejo esté completamente documentado, aunque sea seguro, no invasor y nazca exclusivamente en cautividad, pasará automáticamente a ser tratado como fauna silvestre cuyo mantenimiento quedará prohibido. Para los propietarios de especies no incluidas, se contempla una autorización excepcional, pero esta solo servirá para conservar los ejemplares que ya poseen, sin posibilidad de cría, cesión o venta. En la práctica, esto condena a la desaparición de cualquier proyecto de cría a largo plazo y a los conocimientos acumulados durante décadas.
Las consecuencias de este decreto alcanzan a todo el sector terrariófilo. Veterinarios especializados perderían una parte esencial de su actividad profesional. Aficionados con extensas trayectorias se verían obligados a renunciar a especies que han mantenido y documentado durante media vida. Y las tiendas especializadas serían uno de los sectores más golpeados, especialmente si el listado inicial, aprobado de oficio, resulta restrictivo.
El decreto se presenta como una norma técnica destinada a proteger el bienestar animal, pero al analizar su estructura, la ausencia de garantías para integrar a especialistas y la forma en que concentra el poder de decisión, se hace evidente que no estamos ante una herramienta diseñada para ordenar, sino para extingir aficiones como la terrariofilia.
