Estar en contra del anteproyecto de Ley de bienestar animal no es estar del lado de “personas que apalean, torturan y maltratan a todos los animales, del lado de las personas que cuelgan galgos o que entierran a cachorros en cal viva” como afirmaba el pasado jueves Lilith Verstrynge (Secretaria de Estado para la Agenda 2030), tras ser desconvocada la Comisión de Derechos Sociales.
Cabe destacar, que este texto legal recibió 6.000 alegaciones durante su audiencia pública y 657 enmiendas parciales, más tres a su totalidad (cifras récord). Que ha contado con informes en contra de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y con la disconformidad del Consejo General de Colegios Veterinarios, del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, de las principales sociedades científicas de conservación de la naturaleza (La SECEM, SEO Birdlife, AHE, SECEMU, aeet, Estación Biólogica de Doñana), de la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (Aedpac), de La Asociación para la Defensa del Mundo Rural (Alma Rural), y de asociaciones de avicultura, terrariofilia y acuariofilia (Federación Fauna).
Por ende, ser contrario a este texto legal es posicionarse del lado de profesionales especialmente capacitados en el ámbito del comportamiento animal, de profesionales del sector de las mascotas que cumplen con los requisitos sanitarios y de bienestar animal exigidos por las distintas administraciones y de los que conocen, viven y padecen la realidad del mundo rural.
Todos deseamos una mayor protección de los animales, pero con una legislación consensuada que cuente con la opinión de expertos y de los sectores afectados.
